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Llarena rechaza levantar la orden de detención de Puigdemont a la espera del TC

Published 2w ago · Updated 1w ago

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El Tribunal Supremo bloquea la amnistía por malversación a Puigdemont a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido rechazar la aplicación de la ley de Amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación, manteniendo activa su orden de detención nacional. Esta resolución llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la normativa, pero deja el futuro judicial del expresidente catalán a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional. Por su parte, la formación política Junts había reclamado previamente al Alto Tribunal que cesara en los rumores y aplicara la medida sin más demora.

  • El juez instructor Pablo Llarena mantuvo vigente la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont tras descartar el perdón por malversación.
  • La negativa judicial se produce a pesar del aval previo emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de Amnistía.
  • El partido Junts exigió públicamente al Tribunal Supremo que aplicara la norma y redujera las especulaciones sobre su implementación.

Timeline

  1. Sep 14Junts pide al Tribunal Supremo que aplique la ley de Amnistía a Puigdemont y evite rumores.
  2. Sep 15El juez Llarena rechaza aplicar la amnistía por malversación y mantiene la orden de detención a la espera del Tribunal Constitucional.
  3. Sep 16Se constata que Puigdemont tendrá que aguardar la decisión definitiva del Tribunal Constitucional.

Why it matters

La aplicación de la ley de Amnistía en España sigue generando profundas tensiones jurídicas y políticas en torno a los líderes independentistas catalanes procesados por el procés. Este pulso judicial determina las condiciones para el eventual regreso sin riesgos legales de figuras clave como Carles Puigdemont.

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El Tribunal Supremo, a través del juez Pablo Llarena, ha decidido no aplicar la ley de Amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación y mantiene su orden de detención, subordinando su situación al futuro pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

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